La pensión de alimentos es una obligación legal destinada a garantizar el sustento de los hijos menores de edad o de aquellos mayores que no han alcanzado la independencia económica. En España, su regulación se encuentra en el Código Civil y ha sido ampliamente interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha establecido criterios fundamentales para su determinación y ejecución.
El importe de la pensión se fija atendiendo a las necesidades del beneficiario y a la capacidad económica del obligado al pago, generalmente el progenitor no custodio. Entre los gastos cubiertos se incluyen la alimentación, la educación, la vivienda, la vestimenta, la asistencia médica y cualquier otro gasto esencial para el desarrollo integral del menor. Para calcular su cuantía, los juzgados pueden tomar como referencia las tablas orientativas del Consejo General del Poder Judicial, aunque estas no tienen carácter vinculante. Lo que prima en cualquier caso es el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 146 del Código Civil, que indica que la pensión debe ser acorde con los medios de quien la abona y las necesidades de quien la recibe.
Dado que las circunstancias económicas pueden cambiar con el tiempo, es posible solicitar una modificación de la pensión de alimentos si se acredita una alteración sustancial en la situación del obligado al pago o del beneficiario. Por ejemplo, un progenitor que sufre un desempleo prolongado o un hijo que alcanza la independencia económica podría dar lugar a una revisión de la cuantía establecida judicialmente.
El impago de la pensión de alimentos es una situación grave con importantes consecuencias legales. En el ámbito civil, el progenitor custodio puede instar un procedimiento de ejecución de sentencia para reclamar las cantidades adeudadas, lo que puede conllevar embargos sobre bienes o ingresos del deudor, además de la aplicación de intereses de demora. En casos reiterados, también puede solicitarse la inclusión del deudor en ficheros de morosos. A nivel penal, el impago continuado y voluntario puede ser considerado un delito de abandono de familia según el artículo 227 del Código Penal.
Ante una situación de impago, es recomendable iniciar una reclamación extrajudicial, por ejemplo, mediante el envío de un burofax que deje constancia fehaciente de la deuda. Si no se obtiene respuesta, se puede acudir a la vía judicial para solicitar la ejecución forzosa de la obligación. En los casos más graves, donde el impago es reiterado y prolongado, es posible interponer una denuncia penal por delito de abandono de familia. Además, en situaciones de especial vulnerabilidad, el Estado dispone del Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, que ofrece ayudas económicas a los beneficiarios cuando el deudor incumple.
Garantizar el derecho a la pensión de alimentos es fundamental para la protección de los menores. Su cuantía debe ajustarse a las circunstancias personales y económicas de las partes y, en caso de impago, existen mecanismos legales para asegurar su cumplimiento. En Moreno Anguita Abogados, ofrecemos asesoramiento experto en derecho de familia para proteger los intereses de nuestros clientes y garantizar el bienestar de los menores afectados.
