La excedencia voluntaria es un derecho del trabajador regulado en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. Este mecanismo permite a los empleados suspender temporalmente su relación laboral con la empresa para dedicarse a otros asuntos, como estudiar, cuidar a familiares o emprender proyectos personales, sin perder su vínculo contractual.
Aspectos jurídicos clave:
El trabajador debe contar con al menos un año de antigüedad en la empresa para solicitarla. La duración de la excedencia puede oscilar entre 4 meses y 5 años. Si se desean periodos inferiores a 4 meses, se puede negociar una suspensión temporal del contrato.
Aunque puede pedirse oralmente, es recomendable hacerlo por escrito, especificando el plazo de la excedencia. No es necesario justificar el motivo, aunque se aconseja hacerlo en casos de fuerza mayor, como el cuidado de familiares.
Tras la excedencia, no se garantiza la reserva del puesto exacto, salvo en los casos de cuidado de hijos durante el primer año o si así lo establece el convenio colectivo. En lugar de ello, se ofrece el derecho de reingreso en un puesto de igual o similar categoría siempre que exista una vacante. Si no se comunica el deseo de reincorporarse dentro del plazo acordado, se entenderá como una baja voluntaria.
Al comenzar la excedencia, el trabajador recibe un finiquito que incluye conceptos como pagas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas, lo que permite liquidar las obligaciones financieras entre ambas partes en caso de no reincorporarse. Durante el periodo de excedencia, no se generan derechos a salario, pagas extras ni vacaciones, y la antigüedad no sigue contando.
Mientras se mantenga la relación contractual, el trabajador no tiene derecho a prestaciones por desempleo. Sin embargo, si durante la excedencia se realiza otra actividad laboral que finaliza con un despido, o si la empresa no acepta su reincorporación, se podría solicitar la prestación por desempleo.
Reclamaciones judiciales:
En caso de que la empresa deniegue la excedencia o no permita la reincorporación sin causa justificada, el trabajador puede presentar una demanda. Si se acredita un despido improcedente, podría recibir una indemnización.
Este marco regula los derechos y obligaciones de ambas partes, asegurando tanto la flexibilidad para el trabajador como la protección para la empresa frente a posibles abusos.
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