La ocupación ilegal de viviendas continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación para los propietarios en España, tanto por el perjuicio económico que genera como por la inseguridad jurídica que conlleva. La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 ha introducido cambios relevantes en el ámbito judicial, orientados a agilizar los procesos de desalojo y mejorar la protección de la propiedad.
Entre las principales novedades, se incluye un procedimiento de desalojo más rápido que, en determinadas circunstancias, permitiría recuperar el inmueble en un plazo de hasta quince días. No obstante, la aplicación práctica de esta medida puede verse obstaculizada por el uso de documentación falsa o estrategias dilatorias. La ley también refuerza la mediación como vía previa obligatoria en determinados conflictos, incluyendo aquellos relacionados con comunidades de propietarios, y otorga a estas mayores competencias para limitar el uso turístico de las viviendas.
Pese a estos avances, la nueva norma no da una solución específica al fenómeno del “inquiokupa”, personas que dejan de pagar el alquiler, pero no abandonan la vivienda, un problema que sigue canalizándose por el procedimiento ordinario de desahucio, con plazos que pueden extenderse varios meses.
En comparación con otros países europeos, España avanza hacia una regulación más ágil, aunque todavía de forma más garantista. Mientras Francia, Reino Unido o Italia aplican medidas más inmediatas y restrictivas, el modelo español mantiene un equilibrio entre la protección de la propiedad y el respeto a las garantías procesales.
En Moreno Anguita Abogados asesoramos de forma integral a propietarios afectados por ocupaciones ilegales o situaciones de impago, y acompañamos cada proceso con soluciones jurídicas eficaces y adaptadas a cada caso.
