La pensión de alimentos es una obligación legal para cubrir las necesidades básicas de los hijos menores o dependientes. Su importe se fija según las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado. El impago puede acarrear sanciones civiles y penales. Existen mecanismos legales para reclamarla y el Estado ofrece ayudas en casos de incumplimiento.
La custodia compartida permite que ambos progenitores compartan equitativamente la crianza tras la separación. Se evalúan factores como la relación entre los padres, el entorno del menor y su bienestar. No siempre se concede, especialmente en casos de conflicto grave. Su objetivo es garantizar estabilidad y equilibrio para los hijos, priorizando su interés superior.
El divorcio en España puede ser exprés, cuando hay acuerdo entre los cónyuges, o contencioso, si no lo hay. El divorcio exprés es más rápido, económico y sencillo, requiriendo un convenio regulador. El contencioso, en cambio, es más largo, costoso y decidido por un juez. La mejor opción depende de cada situación particular.
Un juzgado ha reconocido el derecho de nuestra clienta a percibir el Ingreso Mínimo Vital tras ser denegado injustamente por la Seguridad Social. Demostramos que la decisión vulneraba la Ley 19/2021. La sentencia obliga a concederle la prestación, destacando la importancia de recurrir resoluciones erróneas y defender los derechos de los ciudadanos.
Para recuperar el carnet tras perder todos los puntos, es obligatorio realizar un curso de sensibilización y reeducación vial y aprobar un examen teórico. Esta exigencia está regulada en el Real Decreto-ley 5/2023 y el Reglamento General de Conductores. La jurisprudencia y decisiones administrativas confirman este requisito, sin excepciones, con plazos específicos según el tipo de conductor.
El ciberbullying es el acoso a través de medios digitales, como redes sociales y mensajería. En España, se regula mediante el Código Penal y la Ley de Protección del Menor, con sanciones para acoso, amenazas y difamación. Existen campañas educativas y normativas como la Ley de Servicios Digitales 2022 para combatirlo y proteger a las víctimas.