En España, grabar una conversación es legal sin consentimiento si quien graba participa en ella, según el Tribunal Supremo, pues no viola el secreto de las comunicaciones. Sin embargo, su difusión sin permiso o grabaciones realizadas por terceros sin autorización judicial son delitos. Las grabaciones pueden usarse como prueba judicial bajo ciertas restricciones.
La normativa prohíbe que particulares o empresas graben la vía pública con cámaras de videovigilancia, salvo cuando sea imprescindible para la seguridad y no se pueda evitar. Incumplir esta regla puede conllevar sanciones, cuya gravedad depende de factores como la duración de la infracción y el número de personas afectadas.
Grabar la recogida y entrega de los hijos es legal si el propósito es protegerse de denuncias falsas, según casos judiciales recientes. La grabación sirve como prueba en juicios, y aunque el Ministerio Fiscal no acusa por ello, es esencial que su fin sea exclusivamente preventivo y defensivo.
La excedencia voluntaria permite a los trabajadores suspender temporalmente su relación laboral para dedicarse a asuntos personales, manteniendo el vínculo contractual. Requiere un año de antigüedad y puede durar entre 4 meses y 5 años. Tras la excedencia, el reingreso no garantiza el mismo puesto, pero sí uno de igual categoría, sujeto a vacantes.
El accidente laboral se refiere a cualquier lesión sufrida durante el trabajo, ya sea presencial o remoto, si hay una relación directa con la actividad laboral. Con el teletrabajo, surge el reto de diferenciar entre accidentes laborales y comunes en el hogar, complicando la aplicación de la ley y respetando la privacidad del trabajador.
El Tribunal Supremo permite a las comunidades de propietarios prohibir el alquiler turístico con una mayoría de tres quintos, resolviendo una disputa sobre la Ley de Propiedad Horizontal. La sentencia, unánime, argumenta que esta medida equilibra intereses, al reducir el impacto del alquiler turístico en los precios de vivienda, especialmente en áreas de alta demanda.